La lucha entre el gobierno y el campo dejó de lado cuestiones que están lejos de la rentabilidad y las retenciones: las consecuencias sanitarias y sociales del avance de la soja. Quienes deberían controlar la contaminación del cultivo están preocupados por recaudar más, mientras algunos productores agropecuarios no dudan en aplicar cualquier método que les permita obtener mejores cosechas. El glifosato no sería tan inocente en esta historia.
Casi 17 millones de hectáreas contribuyen a que la soja sea un producto estrella del comercio exterior argentino. Ha permitido el resurgir económico del interior, el aumento de la recaudación tributaria y un desarrollo tecnológico respetado mundialmente.
Pero las víctimas de esta planta no son los pobres y marginados que quedan afuera de la denominada “renta extraordinaria”, sino los pobladores que viven en medio de las zonas sojeras.
Lo que nació como un método que multiplicó la producción gracias a las semillas transgénicas y la labranza cero (por siembra directa), hoy presenta efectos no deseados sobre la gente que comparte su hábitat con las plantas de soja.
No solo la deforestación de bosques está cambiando el paisaje de varias regiones que ven ampliar sus áreas de cultivo, sino el uso de herbicidas crece dejando residuos peligrosos en la tierra, el agua y la población. Casi un monocultivo, la soja arrasa con la calidad del suelo y del ecosistema, en tanto nadie establezca controles eficientes que sancione el uso excesivo e inadecuado del glifosato, el principal químico aplicado sobre la soja.
El fenómeno es relevado desde hace varios años por organismos no gubernamentales y grupos ecologistas.
El desarrollo económico del hombre siempre tiene consecuencias indeseables y es tarea de los gobiernos equilibrar estos efectos para que su impacto no resulte adverso. La soberanía alimentaria, el alto valor agregado que tienen hoy los productos del campo por su demanda creciente y la utilización de granos para reemplazar la matriz energética mundial no dejan espacio para debatir las consecuencias futuras de semejante desarrollo.
Soja para hoy, enfermedad para mañana.
En el sitio de noticias brasileño Adital, Darío Aranda ofreció el 16 de abril de 2008 una visión sobre el cultivo intensivo de soja y sus consecuencias.
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=32615
Ojos irritados. Dolor de cabeza y estómago. Vómitos. Piel –de manos, cara y piernas– en carne viva. Es la historia clínica de Maira Castillo, de sólo 4 años, que tuvo su primera intoxicación aguda con agrotóxicos, con posterior internación y terapia intensiva. La Familia Castillo vive en Quimilí, integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), trabaja esa chacra desde hace cinco décadas y no duda en la causa de sus males: miran al campo vecino, millares de hectáreas con soja, y señalan una avioneta bimotor que fumiga con veneno. Miles de casos, y cientos de denuncias, se repiten desde hace diez años en decenas de provincias, pero siempre chocaron con la misma barrera legal, la falta de estudios que avalen el padecimiento campesino. Aquí, una serie de investigaciones que confirman el efecto tóxico y contaminante del glifosato, el herbicida más utilizado en la industria sojera. Todas las acusaciones apuntan al producto comercial “Roundup” –de la compañía estadounidense Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo–, acusado de provocar alergias, intoxicaciones, malformaciones, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Campesinos, pueblos originarios, médicos rurales, bioquímicos e investigadores coinciden en las denuncias y responsabilizan al actual modelo agropecuario, de monocultivo, semillas transgénicas y químicos.
Soja, químicos y acusaciones
La soja sembrada en el país ocupa 16,6 millones de hectáreas de diez provincias y tiene nombre y apellido: “Soja RR”, de la empresa Monsanto. Se llama así porque es “Resistente al Roundup”, nombre comercial del glifosato, vendido por la misma empresa. El químico se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios.
Jesús María, Las Peñas, Sebastián Elcano, Villa del Totoral. Todos pueblos y ciudades del noreste cordobés donde las poblaciones rurales ancestrales sufrieron intentos de desalojos por parte de empresarios y productores sojeros. Quienes resistieron, organizados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), este año sufre un nuevo embate: aviones fumigadores pasan sobres sus casas, arruinan los sembradíos, mueren los animales y la salud comienza a resentirse. “Ya hubo intoxicaciones. Después de cada fumigación tienen que ir al hospital. Lo que no pudieron hacer con las topadoras lo quieren lograr con el veneno para la soja”, afirmaron desde el MCC, integrante a nivel nacional del Movimiento Campesino Indígena (MNCI)
Comunidades ancestrales acusan a la industria de los agronegocios de contaminar aire, agua, alimentos y suelo. Estudios médicos puntualizan en efectos agudos. “Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, cambios de coloración de piel, quemaduras, diarrea, falla cardiaca, electrocardiogramas anormales y daño renal”, asegura una recopilación de estudios realizada por el médico de la UBA Jorge Kaczewer, especializado en ecotoxicología.
Las empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. Los campos argentinos fueron rociados el último año con 165 millones de litros del cuestionado herbicida. Un volumen similar al contenido en 330 mil tanques de agua hogareños.
Malformaciones y abortos espontáneos
San Cristóbal es un poblado de quince mil habitantes en el norte de Santa Fe. En agosto de 2005, el intendente Edgardo Martino denunció que en el primer semestre del año se habían producido once nacimientos con malformaciones congénitas, y tres habían fallecido a los pocos días. También advirtió la existencia de otros tres casos en localidades vecinas. No aventuraba causas posibles, pero reconocía que todas las acusaciones apuntaban a las plantaciones de soja –y los agrotóxicos utilizados–, que habían crecido de forma exponencial en la última década.
En el mismo fenómeno habían fijado su interés un equipo multidisciplinario de profesionales. A partir de un estudio científico, realizado durante dos años y encabezado por el Hospital Italiano de Rosario, vincularon malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con exposiciones a contaminantes ambientales, entre ellos el glifosato y sus agregados. El estudio, a cargo del médico e investigador Alejandro Oliva, abarcó seis pueblos de la pampa húmeda y encontró “relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos”
El relevamiento confirmó que las funciones reproductivas, tanto femeninas como masculinas, son altamente sensitivas a diferentes agentes químicos de la actividad agrícola. También destaca que el efecto tóxico puede producirse mediante dos mecanismos: el contacto directo con la sustancia, o bien que los padres la hayan absorbido y trasmitido a través de sus espermatozoides y óvulos a los hijos. Remarca que los factores ambientales, como la exposición a pesticidas y solventes, contribuyen a la severidad de la infertilidad.
“Momento de parto. El bebé no llora. La madre desespera. El niño está muerto”, relata en su libro “La soja, la salud y la gente”, el médico rural de Entre Ríos, Gabriel Gianfellice, que aturdido por las muertes prenatales, los embarazos que no llegaban a término, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos –todo citado en su escrito–, comenzó a investigar qué sucedía en Cerrito -al noroeste provincial–, lugar donde vive desde hace 28 años. “Empezaron a aparecer dos patologías, la muerte del bebés durante el parto y muerte fetal precoz (situación donde se produce el embarazo, la bolsa, la placenta, pero no se produce el bebé), que aumentó en forma extraordinaria en toda la zona desde 1999″, asegura.
El bioquímico Eric Seralini, de la Universidad de Caen (Francia), descubrió que el glifosato mata una gran proporción de células de la placenta, aun en concentraciones menores a las utilizadas en agricultura. “Esto podría explicar la gran incidencia de partos prematuros y abortos espontáneos”, señaló. El médico e investigador Jorge Kaczewer remarcó que el estudio francés “confirmó que el Roundup siempre es más tóxico que su ingrediente activo, el glifosato” y también confirmó que el herbicida provoca malformación congénita, muerte neonatal y aborto espontáneo.
Fumigaciones y cáncer
Un relevamiento del Grupo de Reflexión Rural (GRR) censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación con Roundup. El caso testigo, el barrio Ituzaingó, a las afueras de Córdoba. Allí viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. El barrio, humilde, de casas bajas, está rodeado de monocultivo. Al este, norte y sur hay campos con soja, sólo separados por la calle. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, integrante de las Madres de Ituzaingó (organización nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban), que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años convive con dos plaguicidas en la sangre, intoxicación confirmada por estudios oficiales.
El relevamiento del GRR confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas. En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta”, relató Sofía, con veinte años en el lugar, y se larga con una lista de otras consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos”, lamenta, y reconoce que todos quisieran dejar el barrio.
Otro de los pueblos censados fue Monte Cristo, Córdoba, donde sobre una población de 5000 personas, entre 2003 y 2004 se registraron 37 casos oncológicos, 29 malformaciones congénitas e innumerables fumigaciones. En Las Petacas, Santa Fe, 200 kilómetros al suroeste de Rosario, viven 800 habitantes y en los últimos diez años hubo 42 casos de cáncer y 400 personas con alergias. Sólo en octubre de 2005 murieron cinco personas de cáncer y dos de leucemia. Todos acusan a las fumigaciones. Se repiten las historias en San Francisco (Córdoba) y San Lorenzo, San Justo, Piamonte, Alcorta y Máximo Paz (Santa Fe). “El cáncer se ha convertido en una epidemia masiva en miles de localidades, y el responsables es sin duda el modelo rural. Es una catástrofe sanitaria impulsada por las grandes corporaciones”, denuncia el GRR.
La investigación de Oliva confirmó que, asociados con la fabricación y el empleo de agroquímicos, algunos tipos de cánceres se encuentran muy por encima de la media nacional: de próstata, testículo, ovario, de hígado, páncreas, pulmón y linfomas no Hodgkin. El estudio toma como muestra áreas consideradas representativas del modelo de agronegocios, localidades rurales de hasta cinco mil habitantes, regiones donde la soja abarca el 90 por ciento de la tierra cultivable. Pérez Millán, en el norte bonaerense, y Alcorta, Carreras, Máximo Paz, Santa Teresa y Bigand, todas localidades de Santa Fe.
Justamente en Bigand el Ministerio de Salud de Nación –que rechazó hablar para este artículo, al igual que el Senasa– realizó un estudio en el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental. Las conclusiones detallaron: “Más de la mitad de los encuestados y el 100 por ciento de los fumigadores refieren que ellos o conocidos estuvieron intoxicados alguna vez”. La investigación también confirma efectos agudos como alergias, dolor de cabeza, mareos, irritación respiratoria, dérmica y de ojos. “Son mencionados más de 40 pesticidas, predominando el uso de glifosato”, remarca el relevamiento. La fecha de publicación fue 2002. Nunca más el Ministerio de Salud estudió el tema.
Muertes y dudas
Alexis, de un año y medio. Rocío y Cristian, ambos de 8 años. “Los primos Portillo”, como los conocían en el paraje rural Rosario del Tala, poblado de Gilbert, departamento entrerriano de Gualeguaychú. En siete años, de mayo de 2000 a enero de 2007, los tres fallecieron. Otra prima, Ludmila, de 18 meses, fue internada con un grave cuadro de intoxicación. Norma Portillo, mamá de Cristian, denunció la contaminación del agua y apuntó contra el uso de agroquímicos en las plantaciones de soja que rodean la vivienda familiar. Luego de cada fumigación, los chicos sufrían mareos, vómitos y dolores de cabeza. El 15 de enero de 2007, dos días antes de la muerte de Cristian, las avionetas habían fumigado durante todo el día.
La familia Portillo ya no se refresca en el arroyo cercano, ya no usa el agua de pozo para cocinar y beber, y ya no habita donde siempre había vivido. Abandonaron su histórica vivienda hace un año y se trasladaron al pueblo. “Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo bajaba con peces muertos. En el campo hay palomas, perdices y liebres muertas, nada deja el veneno”, explica Norma.
Por lo bajo, en la Dirección de Maternidad e Infancia de Entre Ríos ya hablan del “efecto sojero”. “En Rosario del Tala, el Comité de Salud determinó en un solo año cuatro muertes infantiles, todos menores de un año y con malformaciones congénitas”, reveló la periodista Estela Gigena, del Diario El Día, quien con una serie de notas descubrió el caso de los primos Portillo.
Las versiones oficiales, del hospital local y la Coordinación de Salud de Gualeguaychú, primero hablaron de consanguinidad de los padres (un matrimonio está conformado por primos hermanos), luego echaron culpas a “una bacteria desconocida” y más tarde al supuesto estado de desnutrición de los niños. “Es mentira. Nuestros hijos estaban bien comidos, carnes, verduras, leche. Somos pobres, pero la comida no les faltaba”, lamenta Norma, llora y se indigna: “Los sojeros nos envenenan, matan a nuestros hijos y resulta que la culpa es nuestra”.
Semillas, químicos y una historia oscura
Monsanto es la empresa de agronegocios más grande del mundo, con ventas en 2006 por 4476 millones de dólares, controla el 20 por ciento del mercado de semillas. En sus 107 años de existencia, se le reconoce haber introducido la sacarina a Estados Unidos, ser impulsor del PCB (elemento cancerígeno utilizado en transformadores eléctricos), proveer en la guerra de Vietnam del químico “agente naranja” (utilizado por las tropas estadounidense para arrasar el territorio enemigo), condenas por publicidad engañosa y denuncias por presionar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA), organismo estatal norteamericano.
“El herbicida conocido como Agente Naranja, que fue usado por Estados Unidos para defoliar los ecosistemas de selva tropical de Vietnam durante los años 60, era una mezcla de químicos que provenía de varias fuentes, pero el agente naranja de Monsanto tenía concentraciones de dioxina muchas veces superiores al producido por Dow Chemical, el otro gran proveedor del defoliante”, detalla Brian Tokar en su investigación “Monsanto: Una historia en entredicho”. Según el escrito, ese hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado en la demanda interpuesta por veteranos de la guerra de Vietnam, que experimentaron un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición al agente naranja. “Cuando en 1984 se alcanzó un acuerdo de indemnización por valor de 180 millones de dólares entre siete compañías químicas y los abogados de los veteranos de guerra, el juez ordenó a Monsanto pagar el 45,5 por ciento del total”, explica.
La empresa publicitaba que el Roundup era “biodegradable” y resaltaba el carácter “ambientalmente positivo” del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante cinco años por publicidad engañosa. Recién en 1997 Monsanto eliminó esas palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa. “Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en la muerte por leucemia de un empleado texano en 1986; una indemnización de 648 mil dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y otra indemnización de 39 millones en Houston (Texas), por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el investigador.
En Argentina, Monsanto cuenta desde 1956 con una fábrica en Zarate (Buenos Aires), donde radica su planta de producción de glifosato, la más importante de América latina. Publicidad corporativa asegura que controla el 95 por ciento del mercado de la soja sembrada en el país y, sobre el Roundup, festeja: “Es líder mundial en su especialidad y ha creado una verdadera revolución en la actividad agropecuaria de cientos de países”.
Poder, dinero e influencias
Dinero, poder y compra de voluntades. Es la caracterización que realizó el grupo mexicano ETC (Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) sobre la industria de los agronegocios, luego de analizar las prácticas del sector y difundir un relevamiento donde confirmó que sólo tres compañías –Monsanto, Dupont y Syngenta– controlan el 39 por ciento del negocio de semillas mundial, con ventas por 8900 millones de dólares. Con un mercado en muy pocas manos y una facturación sideral, la industria transgénica es denunciada por su poder de incidencia con quienes deben controlarla. Hasta la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos es acusada de haber cedido a sus presiones. En agosto de 2006, líderes sindicales de la EPA denunciaron a las autoridades del organismo. “La dirección de la EPA prioriza la industria de los pesticidas antes que proteger la salud de nuestros ciudadanos. Se corren graves riesgos en fetos, embrazadas, niños y ancianos”, advertían en un comunicado y afirmaban que se habían omitidos estudios científicos que contradecían los patrocinados por las empresas.
Desde fines de los ‘90, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientales señalaron el poder de las compañías biotecnológicas, y de allí se explican la falta de estudios sobre los efectos del modelo sojero. “El Programa de Pesticidas de la EPA constituye un verdadero grupo de tareas del ‘lobby pesticida’”, asegura el médico e investigador Kaczewer. Entre sus pruebas, exhibe un estudio del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) de Estados Unidos, que investigó el origen de los ingresos de los evaluadores de mayor rango en la EPA y constató que dos tercios de ellos recibían al menos parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica.
“Las empresas como Monsanto, Novartis y Bayer impulsan la supresión del disenso, con un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos. Gigantescas empresas imponen el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer. De ahí que no es casualidad la ausencia de estudios toxicológicos a mediano y largo plazo”, denuncia el investigador y cita como ejemplos locales la influencia, a través de subsidios, sobre las universidades. “Las corporaciones están comprando departamentos enteros de universidades públicas, compraron firmas de científicos y la literatura del complejo de la soja está infectada de papers ridículos”.
La influencia de los agronegocios también avanza sobre otros ámbitos. En 2003, campesinos formoseños del poblado Colonia Loma Senés denunciaron las fumigaciones con glifosato. Exhibieron sus plantaciones arruinadas y mostraron certificados médicos que confirmaban síntomas de envenenamiento. En una inusual medida, la jueza Silvia Amanda Sevilla ordenó el cese inmediato de las fumigaciones con Roundup. Sentó precedente, fue la primera vez que se dictó una medida de ese tipo. Desde entonces, fue declarada enemiga de las empresas de monocultivos y comenzó un proceso de hostigamiento por parte de pares, superiores y el poder político. En diciembre de 2007 fue echada de su cargo. “Nunca me perdonaron que frene las fumigaciones. Había ministros del gobierno involucrados, me presionaron jueces para que dé marcha atrás. Y el juicio de mi destitución fue un circo romano”, afirmó Silvia Sevilla.
En Formosa continúan utilizando glifosato. Ningún otro juez prohibió las fumigaciones.
La tecnología agropecuaria argentina es líder en el mundo. Es extraño que semejante capacidad no haya contribuido a revertir estos efectos adversos de un cultivo intensivo que genera enormes recursos al país.
Cuando se calmen las aguas entre el gobierno y los chacareros, divididos hoy por cuestiones económicas, habrá que poner atención a esta realidad en forma urgente.
No será un tema de rentabilidad, sino de sobrevivencia
